Por Marc Dourojeanni[1]
Actualidad Ambiental, SPDA, Lima
/ Lunes 20 de Febrero, 2017
(http://www.actualidadambiental.pe/?p=43288)
Seguí con mucho interés la
discusión sobre la decisión del Gobierno (Decreto Supremo 021-2017-EF, de 11 de
febrero de 2017) de emplear bachilleres en el mismo nivel con el que emplea
profesionales titulados y colegiados para ocupar cargos que requieren “alta
calificación”, provisto que tengan diez o más años de experiencia. Habiendo
sido profesor y, también, empleador de profesionales altamente calificados para cargos públicos nacionales e
internacionales, me siento obligado a hacer algunas reflexiones sobre las
consecuencias que tal decisión puede tener especialmente para los estudiantes y
para el buen uso de los recursos naturales y el ambiente.
Para comenzar
Los términos “profesional” y “altamente calificado” tienen varias
interpretaciones. Muchos profesionales, como por ejemplo choferes, obreros en
general, domésticos o mecánicos, no precisan pasar por la universidad y pueden,
obviamente, ser altamente calificados. Personas que nunca pusieron un pie en la
universidad pueden ser tan competentes en determinados temas como el mejor de
los doctores, como de hecho ocurre con muchos jóvenes autodidactas en
cuestiones de informática o muchísimos artistas, que llegan a ser intelectuales
famosos. Es decir que, en principio, para ser un profesional altamente
calificado e útil para participar en la gestión del Estado no importan ni el
bachillerato ni el título profesional. Y, personalmente, creo que si un
gobernante quiere asesorarse con una persona que no tiene grados ni títulos
debería poder hacerlo.
El problema es que, de acuerdo
con la realidad de la sociedad peruana, permitir eso sin restricciones se
presta a toda clase de abusos. De allí los requisitos académicos y la
parafernalia burocrática para la contratación de profesionales. En resumen, la
discusión sobre grados y títulos se centra en garantizar razonablemente que
quien entra a servir en el Estado esté realmente calificado para eso. El título
es, pues, una importante garantía a más.
En este tema vale la pena
recordar la diferencia que existe entre grados académicos y títulos
profesionales. Y esta diferencia resulta difícil de entender pues ella no se da
de la misma forma en otros países. En el Perú los grados académicos van desde
el más elemental, es decir bachiller, hasta el más sofisticado, el
postdoctorado, pasando por el maestro en ciencias o arte (Magister o Master) y
por la gran diversidad de doctores (el muy americano PhD y otros equivalentes
europeos). Los títulos profesionales, en cambio, incluyen el concepto de
licencia para ejercer y se traducen en los bien conocidos títulos -ingenieros,
biólogos, médicos, abogados, licenciados, etc-. En el Perú estos títulos se
obtienen tradicionalmente mediante la defensa exitosa de una tesis de
investigación científica o, en las últimas décadas, también mediante la
presentación de un “trabajo profesional” o de un examen de suficiencia
profesional. Disponiendo del título el profesional puede registrarse en su
respectivo colegio profesional lo que, en teoría, es requisito para ser
empleado. En EE.UU. un bachiller también puede trabajar pero lo usual para ser
considerado profesional es que lo haga a partir del grado de maestro que allá,
como aquí para el título profesional, requiere la previa defensa de una tesis o
equivalente.
¿Cuál es la diferencia concreta
entre un bachiller y un ingeniero o un abogado? ¿Existe una diferencia en la
calidad o aptitud de ejercer una labor
profesional de los detentores de esos grados y/o títulos? A simple vista
la única diferencia es un montón de papel bien encuadernado. Pero no es posible
sostener la hipótesis de que quien más estudia y más se esfuerza no está más
preparado que los demás. No hay duda que hacer una tesis, una verdadera tesis,
implica aprender mucho sobre asuntos no
vistos en las aulas y aplicar conocimientos teóricos en cuestiones que pueden
ser muy prácticas. Obliga a formular las preguntas ciertas y a buscar
respuestas aplicando métodos científicos, que son la base de la mayor parte de
las profesiones; demanda desarrollar originalidad y persistencia y, también
obliga a esmerarse en el arte de la expresión escrita y oral. Las tesis son un
teste de competencia.
Del mismo modo que se supone que
un maestro sabe más que un bachiller y que un doctor sabe más que un maestro,
es lógico asumir que un profesional titulado sepa más que un bachiller. Por eso
cuanto más elevado el grado académico mejor es la posibilidad de encontrar un
trabajo satisfactorio y mayor es la
remuneración. Siempre subsiste la posibilidad de que autodidactas o personas
con amplia experiencia práctica, sepan tanto o más, o que sean más apropiados
para determinados cargos. No obstante,
para quien busca empleo lo importante es que, además de ser, parezca ser. El título
es eso mismo.
Ya los denominados trabajos y
exámenes profesionales, aunque mejor que nada, no son equiparables a una tesis
de grado. Son parte del proceso de degradación de la formación académica que
desde hace varias décadas impera en el Perú. La decisión de aceptar, así nomás,
bachilleres con diez años de experiencia como profesionales altamente
calificados es perseverar en el camino errado.
Implicaciones para los
estudiantes y los bachilleres
Aunque nunca estuvo prohibido que
los bachilleres trabajen, inclusive para gobiernos, la nueva disposición envía
el mensaje errado de que no vale la pena hacer el esfuerzo de titularse. El
tiempo libre, durante la formación universitaria y durante esos diez años
“ganando experiencia” será usado para cualquier cosa en lugar de en algo tan
provechoso como es obtener un título. Lo que los estudiantes actuales y los
bachilleres recién egresados deben recordar es que, en el mundo real, el título
puede ser la diferencia entre tener que aceptar “cualquier trabajo” o escoger
un empleo adecuado a su interés profesional y a su pretensión salarial. Su
esfuerzo adicional será ampliamente compensado. Del mismo modo un doctor tendrá
mejores opciones que un maestro y este que un profesional que solamente tiene
el título.
Con frecuencia he visto, con
perplejidad, jóvenes bachilleres talentosos trabajando en instituciones que
ofrecen excelentes oportunidades de hacer tesis originales con el propio
material de sus empleos, apenas dedicando un poco de su tiempo libre a analizar
los datos de sus informes y a darles forma adecuada. Además, los medios
electrónicos actuales ofrecen tanta información que, con un poco de iniciativa
e imaginación, se puede hacer una tesis muy decente sin siquiera salir de casa.
En esos casos, claro, los años pasan y se cumple la tal década ganando,
realmente, una valiosa experiencia. Pero, por falta de poder demostrarlo
también con el papel, pierden oportunidades brillantes. Y eso, que no se
engañen, también ocurrirá con la aplicación del decreto de marras. Raros serán
los empleadores que darán a un bachiller el puesto para el que también se
presenta un profesional titulado con experiencia equivalente.
Implicaciones para los
profesionales y para los empleadores
Los que ya son profesionales,
entendiendo como tales a los que disponen de título profesional, tienen poco
que perder si ya tienen el empleo que les complace. Sin embargo, al buscar
empleo enfrentarán más competencia, la que puede interpretarse como
desleal. Asimismo, es posible que se
sientan engañados al haber sido motivados a invertir tiempo y dinero en
preparar una tesis que era considerada requisito indispensable y que, ahora, se
revelaría superflua. En realidad esas son solo percepciones pues, como dicho,
el profesional titulado siempre tendrá ventaja sobre el no titulado experimentado.
Para el empleador, inclusive el
Gobierno, esa es un arma de doble filo. El título profesional es una evidencia
o una prueba, entre otras, de que el candidato a un puesto está calificado. Si
al título se suman experiencia y otros grados académicos, la garantía de un
buen servicio aumenta a pesar de que, se insiste, esa regla no es infalible.
Por otro lado el nuevo dispositivo ofrece al empleador una mayor oferta de
candidatos y, eventualmente, poder aprovechar de algún raro talento sin título
sin infringir la ley. Eso puede ser particularmente útil si los salarios
correspondientes a los puestos no son atractivos para los profesionales
titulados.
Implicaciones para los colegios
profesionales
Para ejercer la mayoría de las
profesiones universitarias es obligatorio que los graduados de las que tienen
colegios profesionales estén registrados en estos. Y para registrarse es
indispensable poseer un título profesional. Ningún colegio registra
bachilleres.
Como muchos han señalado, los
colegios profesionales peruanos, unos más otros menos, son pomposas
corporaciones de poca utilidad a pesar de contar con recursos económicos. La
obligatoriedad de colegiarse para poder ejercer la profesión debería ser una
garantía a más de la calidad técnica e idoneidad del profesional, lo que es
importante para los usuarios de los servicios de esos profesionales. Pero, como
bien se sabe, los colegios apenas refrendan, sin examen meticuloso, los títulos
otorgados por las variopintas 140 o más universidades del Perú. Hay países en
los que, para otorgar la colegiatura, se exigen exámenes complementarios a
veces más difíciles que los que la universidad demandó. Aquí eso solo es
exigido para profesionales graduados en el extranjero.
Ocurre además que la ley de cada
colegio es poco cumplida y que muchos profesionales titulados o no ejercen sus
profesiones para el propio Estado y también para universidades y, obviamente,
para el sector privado, sin que se les requiera colegiatura o estar al día en
el pago de las cuotas a sus respectivos colegios. Eso varía de un colegio
profesional a otro, siendo más estricto para abogados y médicos y menos para
otras profesiones. El incumplimiento de las normas se debe a que los
empleadores no perciben la ventaja que les brinda la tal colegiatura. Si los colegios cumplieran plenamente sus
funciones la colegiatura sería muy importante para el empleador.
Una de las funciones principales
de los colegios es aplicar seriamente sus códigos de ética profesional e
investigar y castigar severa y ostensiblemente las eventuales violaciones. En
la mayor parte de los colegios esta delicada pero fundamental obligación es
poco observada y se traduce, más bien, en defensa cerrada, casi gremial, de sus
afiliados. Es decir, que los colegios que, como visto no garantizan la calidad
técnica, tampoco garantizan la idoneidad moral de sus miembros, siendo pues muy
limitada su utilidad para el empleador.
Estoy convencido de que los
colegios profesionales tiene un rol muy importante a desempeñar en favor del
país y que sus defectos anotados, entre otros, pueden ser corregidos. Pero, el
dispositivo que transforma bachilleres con diez años de experiencia en
“profesionales altamente calificados” es un atentado contra la razón de ser de
los colegios profesionales y, en general, contra la calidad profesional.
¿Y el ambiente?
Lo realmente transcendente es el
efecto que la decisión tomada tendrá sobre la calidad del servicio público que
los profesionales desempeñan desde sus puestos en el Estado. Hablando de la
obligación constitucional de brindar un ambiente saludable a todos los
ciudadanos, tarea que requiere de las
más diversas profesiones de nivel universitario en tantísimas entidades
públicas, la decisión que se discute no augura mejoría. En lugar de exigir a
sus funcionarios calificaciones cada vez más altas y mayor especialización, el
propio Gobierno abre el camino opuesto rebajando el nivel de exigencia para los
servidores.
Si un biólogo o un ingeniero
reciben sueldo proporcionalmente mucho más alto que el de un guardaparque o un
técnico de laboratorio, debe ser por merecerlo. No bastan cuatro o cinco años
de estudios teóricos y diez años de experiencia, más aún porque en general la
experiencia de un bachiller no es la que corresponde a la de un profesional
titulado, que en principio recibe responsabilidades mayores pues puede
suscribir oficialmente sus trabajos.
Es verdad que la banalización del
título profesional es culpa, en gran medida, de las deficiencias de la
universidad peruana que no sabe estimular los jóvenes a hacer una tesis y que
tampoco brinda las facilidades o el apoyo del caso. Y eso a su vez es en gran
parte consecuencia del maltrato presupuestal con el que los sucesivos gobiernos
golpean a las universidades y, asimismo, del descontrol que ha hecho que las
universidades se multipliquen con rapidez cunicular. El resultado, como bien se
sabe, es una legión de bachilleres sin título.
Para concluir, sea como sea y pase lo que pase, es
fundamental que los jóvenes candidatos a ser profesionales no se dejen engañar
por la nueva “facilidad” que se les brinda. Esa facilidad es una trampa, como
antes lo fueron los llamados trabajos profesionales y el examen de suficiencia.
Se trata de ventajas mentirosas que les perjudicará mucho si caen en ellas.
[1] Marc Dourojeanni es Ingeniero
Agrónomo, Ingeniero Forestal, Doctor en Ciencias. Profesor Emérito de la
Universidad Nacional Agraria de La Molina. Fue Director General Forestal y de
Fauna del Perú y Jefe de la División Ambiental del Banco Interamericano de
Desarrollo.
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