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En el rápido proceso de ocupación de la
selva peruana, caracterizado durante las ultimas décadas por infraestructura
vial, explotación petrolera y aurífera, además de las actividades agropecuarias
y forestales habituales, ha surgido otro elemento determinante. Se trata de la
explotación del potencial hidroeléctrico. Los presidentes Alan García del Perú
y Luis Ignacio “Lula” da Silva del Brasil
lanzaron formalmente, el 28 de abril de
2009, la carrera que debe culminar con la puesta en operación de un numero
indeterminado de grandes represas en los ríos de la Selva Alta peruana que,
según lo informado, principalmente deben abastecer la insaciable demanda
energética del Brasil.
La noticia de la firma del memorando de
intenciones entre Brasil y Perú que
entre sus seis puntos contiene uno referente a las hidroeléctricas fue mucho
más comentada en el Brasil que en el Perú donde pasó casi desapercibido, a
pesar de su enorme importancia geopolítica, económica, social y ambiental. En
esencia, el memorando plantea permitir que el Brasil estudie, financie,
construya y opere hasta 6 grandes hidroeléctricas en territorio peruano para
abastecer sus necesidades de energía, comprando al Perú gran parte de la
energía producida. Las hidroeléctricas escogidas por el Brasil son Inambari
(2,000 MW), Sumabeni (1,074 MW), Paquitzapango (2,000 MW), Urubamba (940 MW),
Vizcatan (750 MW) y Chuquipampa (800 MW) y, claro, las líneas de trasmisión
correspondientes que serían integradas al sistema brasileño. El costo total de
las seis obras sería del orden de los 16 mil millones de dólares y el primer
proyecto seleccionado es el del río Inambari, en la confluencia de Madre de
Dios, Cuzco y Puno que costaría unos 4 mil millones. Apenas para brindar una
idea de lo que se trata, Inambari sería, en términos de generación de energía,
la mayor represa del Perú y la quinta mayor de América Latina, con un área de
inundación de más de 46,000 hectáreas.
Escarbando la información se descubre
que las acciones para hacer realidad el proyecto están siendo implementadas
desde mucho antes de la firma del memorando. Según informaciones periodísticas
ya está funcionando en el Perú la nueva empresa Inambari Geraçao de Energia,
un consorcio conformado por las estatales brasileñas Eletrobras y Furnas y por
la empresa constructora OAS, que también es de ese país. Dicen disponer ya de
un crédito de 2,500 millones de dólares del Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Los estudios ya estarían muy
“avanzados” y siendo realizados por la igualmente brasileña empresa PSR
Consultora y sus sub-contratistas, sobre la base de una resolución
ministerial de Energía y Minas otorgada en junio de 2008, o sea casi un año
antes de la reunión de presidencial. Puede ser verdad que nada de eso fuera un
“secreto de estado” pero también es innegable que el gobierno no hizo ningún
esfuerzo para divulgar ese acontecimiento tan importante para el devenir
nacional. De hecho, los seis proyectos de represas no son nuevos. Ellos fueron
ya propuestos en la década de los años 70 basándose en un estudio realizado por
una empresa especializada (Lahmeyer),
con financiamiento del gobierno alemán (GtZ) que a su vez aprovechó estudios
regionales de la desaparecida Oficina Nacional de Recursos Naturales (ONERN).
En ese estudio se detectaron numerosas
posibilidades de las que 14 son prioritarias. Los brasileños escogieron las 6
de éstas que más les convienen.
A este punto, sin mayor información, es
difícil evaluar si la negociación en curso para que el Brasil desarrolle y explote Inambari o las otras
represas representará un beneficio para el Perú. Lo que sí es evidente es que la construcción
de grandes represas en los ríos amazónicos tendrá enormes repercusiones
económicas en términos de endeudamiento externo y, obviamente impactos
ambientales y sociales extremos. Hay cuantiosa información sobre esos impactos,
especialmente en condiciones de la Amazonía brasileña y, la verdad, obligan a
reflexionar mucho antes de lanzarse a construirlas. Sus impactos directos
incluyen desplazamientos humanos importantes, cambios económicos y sociales
considerables, inundación de tierra fértil escasa, deforestación, destrucción
de la fauna, alteración del sistema hidrobiológico, navegabilidad, problemas
especiales de contaminación (generación de metano), etc. Los indirectos son
peores y se extienden sobre enormes superficies que incluyen invasión de áreas
protegidas y de territorios indígenas, más deforestación pues la obra atrae más
gente y la energía facilita nuevas especulaciones, etc. Todos estos problemas
serán aún más graves en las condiciones sui generis de a Selva Alta, pues los
valles son estrechos y los elementos de su biota son raros y muchas veces
endémicos.
Las empresas ya han comunicado algunos
resultados del estudio de impacto ambiental del Inambari. Este, como era
previsible, dice en esencia “que no hay problema” y que los que habrá son
fáciles de resolver. Eso es inverosímil cuando ya se sabe, por ejemplo, que el
embalse inundará toda la agricultura existente en el área, así como la minería
de oro ilegal y varios centros poblados que, además, por las características
del valle, no tendrán donde ser re-localizados apropiadamente. También se sabe
que se inundará entre 90 y 125 km (dependiendo de la altura de la represa) de
la recién construida carretera Interoceánica cuyo costo es elevadísimo. Los
taludes abruptos de la región no son estables y pueden afectar el embalse. Lo
peor es que también inundará parte de la zona de amortiguamiento del Parque
Nacional Bahuaja- Sonene y que, para reconstruir la carretera, ésta quedará muy
cerca del Parque mismo, amenazando gravemente su futuro. Ya se sabe, por
estudios en la misma cuenca, que muchas especies de peces, incluyendo algunos
raros, serán drásticamente afectados.
El impacto de las otras represas puede
ser mayor o menor que la de Inambari, pero no dejará de tenerlos y peor aún
será su efecto acumulado. En el Brasil, por ejemplo, las represas han dejado
gran parte del país sin ríos no explotados para fines energéticos, con
gravísimas y bien documentadas implicaciones sociales y ambientales. Las
represas, por ejemplo, han generado el importante movimiento popular denominado
Movimento dos Afetados pelas Barragens (MAB) que reclama un trato justo
para las víctimas de esas obras y que para ser atendido invade y ocupa
instalaciones de las empresas.
El problema, pues, es muy importante y
antes de lanzarse a hacer las obras, como parece ser el caso, debe ser
discutido al nivel nacional y no sólo escuetamente expuesto al nivel local, en
pequeñas reuniones con campesinos desinformados, donde se enfatizan los
supuestos beneficios y se escamotean los problemas. Las preguntas que los promotores peruanos de
la obra deben responder son básicamente tres:
1.
¿Cuál es el estado actual de
la negociación o el nivel actual del compromiso del Perú con las empresas y el
gobierno brasileño en el caso del Inambari y de los otros proyectos? ¿Existe
aún posibilidad de discutir el asunto o de buscar otras alternativas?
2.
¿Hasta que punto el avance de
los estudios de factibilidad del Inambari, sin estudios de pre-factibilidad,
incluyendo aspectos sociales y ambientales, no demuestra que la obra ya está
decidida, comprometiendo la opción de no hacer la obra, si sus impactos son
excesivos, como manda la legislación ambiental?
3.
¿Cuales serán los beneficios
para el Perú de un programa hidroeléctrico que, por lo informado, será
estudiado, financiado, construido y operado por el país vecino, que también compraría
la mayor parte de la producción? ¿Acaso no es de esperar que la hidroeléctrica
sea devuelta al Perú ya sedimentada y obsoleta, a pesar de que deberá continuar
pagando la gigantesca deuda contraída?
El Brasil y el Paraguay están
precisamente ahora confrontando una situación difícil con relación a Itaipú que
fue construido en condiciones similares
a las que se plantean ahora para las seis represas peruanas. El
argumento brasileño es que el acuerdo binacional firmado en 1973 ampara su
actitud de no pagar más por la energía comprada, pero el argumento paraguayo es
que ellos ni siquiera pueden pagar la deuda asumida por la construcción por que
el Brasil paga un precio vil por la energía que compran en exclusividad. No
importa, en este caso, quien tenga la razón, pero el Perú debería estudiar a
fondo ese conflicto antes de embarcarse en acuerdos internacionales de largo
plazo semejantes.
Es perfectamente razonable que el Perú
venda energía que no necesita a los países vecinos, como el Brasil, tal como cualquier
país lo hace con este o cualquier otro recurso. Eso es normal, deseable y forma
parte del proceso de integración continental. Pero antes de decidir debe
realizar todos los estudios económicos, sociales y ambientales que garanticen
que los beneficios serán mayores que los perjuicios, o sea que será altamente
rentable en esos tres términos. Los beneficios económicos deben asegurar un
mínimo de daños sociales y ambientales o las compensaciones adecuadas. Es más,
en este caso debe hacerse una evaluación socio ambiental estratégica que aborde
la totalidad del programa hidroeléctrico de la Amazonía y no solamente la del
Inambari. Una cosa es “una represa” en la Selva Alta y otra, muy diferente, son
6 o 14 represas en los principales ríos nacionales. El nuevo Ministerio del
Ambiente del Perú debe asumir el problema y exigir los recursos financieros
para hacer eso con absoluta independencia.
De otra parte, es difícil de entender
porque el gobierno peruano, que actualmente confronta un serio conflicto social
en la Amazonía, precisamente por falta de información y discusión de sus
acciones, reincide una vez más, adoptando el mismo comportamiento para las
hidroeléctricas proyectadas. La única forma de legitimar este programa es divulgándolo y discutiéndolo
seriamente en los niveles nacional, regional y local y en las instancias
políticas, académicas y populares. Esperemos que no se repita la triste
experiencia de la carretera Interoceánica, que va a ser parcialmente destruida
por la represa del Inambari, que fue decidida con estudios socio-ambientales
mal hechos e inútiles pues, ya estaba financiada y en plena construcción cuando
terminados.
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